CETMAR presenta un informe sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en el que propone eliminar burocracia para mejorar su efectividad
El Centro Tecnológico del Mar elaboró un informe por encargo de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo en el que analiza tanto el actual como el futuro Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y concluye, entre otros aspectos, que es preciso eliminar burocracia para lograr que este instrumento sea efectivo y llegue a todos los potenciales beneficiarios.
El estudio, elaborado por técnicos del área de Socioeconomía de la Pesca de la Fundación CETMAR y de la consultora italiana Cogea y presentado recientemente en el Parlamento Europeo, lamenta la baja ejecución general del fondo actual y la vincula con la complejidad normativa: si el anterior Fondo Europeo de Pesca (FEP) estaba regido por dos únicas normas, el actual FEMP cuenta con 30. Esta maraña legislativa, explican los expertos de CETMAR, provocó que los estados miembros tardasen en aprobar sus programas operativos y las correspondientes órdenes y convocatorias de ayudas, lo que llevó a que, en muchos casos, transcurriesen más de dos años y medio del período de programación (2014-2020) hasta tener los fondos disponibles.
El análisis realizado desde el Centro Tecnológico del Mar alerta de que estas nuevas normas obligan a que los beneficiarios cumplan y documenten un número muy elevado de requisitos, con algunos países en los que hay que presentar hasta 19 documentos distintos para acreditar que se es apto para acceder al fondo. De hecho, la burocracia es tan elevada, resume el informe, que presentar una solicitud de ayudas al FEMP es de las más caras de todos los fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea.
Esta situación provoca que los posibles beneficiarios opten solo por aquellas medidas que conocen mejor, más semejantes a las recogidas en el anterior FEP, y descartan otras que entienden que no se ajustan a la realidad. A esto se suman otras actuaciones que no están bien claras o bien dotadas económicamente y que no se están aplicando, por lo que los niveles de ejecución del fondo son muy bajos.
El dictamen del personal de CETMAR también incide en uno de los asuntos que el FEMP considera prioritarios, la innovación, sobre lo que indica que el nivel de cofinanciación variable -entre el 50 y el 100% de la inversión-y el limitado importe máximo de las ayudas -hasta 150.000 euros- hace difícil que salgan adelante innovaciones relevantes. Ante esta situación, expone el estudio, el sector y los centros de investigación acuden a otros fondos, como el Horizonte 2020, porque financian el 100% de las inversiones y tienen presupuestos a la altura de los retos a los que se enfrentan. Sin embargo, tienen el inconveniente de que en ellos compiten con otros sectores y empresas fuertes, por lo que tienen difícil lograr la financiación que no encuentran en el fondo diseñado específicamente para ellos.
Los técnicos de CETMAR también analizaron la propuesta del FEMP para el período 2021-2027 y su incidencia en la flota costera, que cuenta con un escenario más favorable pero también ciertas limitaciones. Para superar estos obstáculos, el estudio propone que se flexibilice el criterio de eslora que define lo que es la pesca artesanal -actualmente embarcaciones menores de 12 metros de eslora- a embarcaciones de dimensiones inferiores a 12 y de entre 12 y 15 metros de acuerdo con los que decida cada estado miembro para adecuar mejor las medidas a aplicar a su favor a las especificidades de su flota.
Con la idea de conseguir que el futuro FEMP sea más ágil y efectivo y evite la complejidad legislativa, el informe incluye entre sus recomendaciones que se emplee como principio básico que todo lo que no se considere inelegible pueda ser financiado, algo que, incide, debería figurar explícitamente en la nueva regulación. Al mismo tiempo, propone mantener el presupuesto asignado a los estados miembros, maximizar la flexibilidad en la redistribución de fondos y estudiar la extensión de los programas operativos que estén funcionando adecuadamente para evitar que su larga tramitación impida disponer de los fondos necesarios para la ejecución de los proyectos en tiempo y forma.
